Las organizaciones piden a nuevas autoridades abrir diálogo para búsqueda de solución integral que evite la segregación de las persona afectadas por la Sentencia 168-13, diseño e implementación políticas públicas para luchar contra exlusión social.
Durante siete años los dominican@s de ascendencia haitiana y más de 20 organizaciones que históricamente les han acompañado se sentaron en todas las mesas de diálogo, participando activamente en la búsqueda de una alternativa respetuosa de los derechos humanos frente a la Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional que desnacionalizó a más de 133 mil dominicanos.
En la mejor disposición de interceder, informar, acompañar y aportar, hemos atestiguado la falta de compromiso de las autoridades, que no corresponde a los esfuerzos de superación de una generación de jóvenes y sus familias dispuestos a servir a su país.
Nueva vez nos encontramos ante una situación desafiante que demanda lo mejor de nosotros-as para proceder en justicia. Miles de dominican@s no documentados que vieron en la Ley 169-14 la luz al final del túnel, y accedieron al precario mecanismo propuesto por el Estado para recuperar la nacionalidad que por derecho les corresponde, siguen a la espera de una solución definitiva, aplicable y sostenible que les permita continuar con sus vidas. En medio de la transición hacia un nuevo gobierno, la administración saliente ha dado un paso en materia de acceso a documentación que sin embargo abre muchas interrogantes.
El poder Ejecutivo, tras cuatro años de espera, promulgó el decreto 262-20 que “concede la nacionalidad dominicana a título de naturalización ordinaria” a 750 personas de las más de 8 mil que aplicaron a la Ley 169-14.
Siempre hemos saludado las medidas tomadas por el Estado tendentes a garantizar el derecho a la nacionalidad de los afectados por la Sentencia 168-13, y avanzar en la búsqueda de una solución respetuosa de los derechos humanos, que bien implementadas podrían producir alivio a quienes se encuentran estancados por la falta de documentación. Pero somos cautelosos, porque en el pasado lo que hemos visto en la práctica es una falta de liderazgo para encaminar los procesos y acciones discrepantes de las leyes que solo vulnerabilizan más a quienes el Estado debe proteger.
Desde la Plataforma Dominicanos por Derecho proponemos una solución universal, ágil y sin traumas, para todos los afectados por la Sentencia 168-13 que evite la segregación. Por eso solicitamos al Estado aclarar los términos de implementación del Decreto 262-20 de modo que este sea real y efectivamente un instrumento que beneficie a la población destinataria, sin discrecionalidad, respetando el principio de gratuidad y en coherencia con lo que estableció por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe de 2014.
Las y los dominicanos de ascendencia haitiana que actualmente viven en condiciones apatridia o en riesgo de estarlo, requieren la protección del Estado dominicano. Esta población tiene una situación socio- económica y documental que se constituye en barrera para acceder de forma efectiva a medidas de apoyo, con lo que se acentúan las desigualdades en el contexto de emergencia sanitaria por Covid-19. A quienes aplicaron al proceso de registro de la ley 169-14, durante cuatro años el Ministerio de Interior y Policía les ha mantenido en vilo, muchos no conocen el estatus de sus expedientes, otros sólo han recibido una documentación que apenas acredita identidad, siendo afectados sus derechos civiles y políticos. Queda en la incertidumbre la suerte de las miles de personas no documentadas que no pudieron acogerse a este dispositivo para las cuales no existe un camino trazado.
La desnacionalización propicia la acumulación de desventajas sociales al lesionar el vínculo entre los afectados y el Estado dominicano que debe garantizar sus derechos y bienestar. Una persona sin documentos tiene menos oportunidades de acceso a la educación y mercado laboral, a los servicios de salud y a la seguridad social, lo que se agrega al cuadro de afectaciones que sistemáticamente limitan el disfrute y ejercicio de sus derechos fundamentales.
La promulgación del Decreto 262-20 estableció un procedimiento y ofrece la oportunidad de retomar el diálogo entre los titulares de derecho, sociedad civil y las autoridades gubernamentales, repasar los avances que ha tenido el Estado dominicano, las deudas pendientes con la población dominicana de ascendencia haitiana, a los fines de dar una respuesta integral a un tema de ciudadanía que aún necesita resolverse.
Hoy que el mundo alza su voz contra la discriminación racial, el abuso basado en el origen social y étnico, las nuevas autoridades están llamadas a revisar políticas excluyentes. Las comunidades bateyeras merecen ser visibilizadas en las propuestas de gobierno y representadas dignamente. Sus problemas, incluyendo la desnacionalización y falta de acceso a documentos de identidad de parte de su población, son un desafío para toda la sociedad dominicana.
Estamos ante un momento histórico, la posibilidad de cerrar un camino que solo ha traído dolor a dominican@s humildes. Esperamos que el gobierno del cambio pueda acompañar a este segmento poblacional dominicano en su lucha por la equidad, la justicia social, la conquista de derechos, que sea el gobierno que miles de dominican@s humildes, trabajadores y luchadores merecen.
Señor presidente, miles de jóvenes dominicanos y sus familias esperan de usted un nuevo “Abrazo Solidario”. Es urgente el diseño e implementación de políticas públicas que permitan a miles de dominicanos acceder a su nacionalidad y documentación de identidad, en consonancia a lo que establece nuestra Constitución, acuerdos y tratados internacionales de los que el país es signatario. Su propio discurso, enarbolado hace casi 7 años, justo después de la sentencia 168-13, es un faro que puede guiarle en la aplicación de una política que elimine el miedo con el que miles de personas llevan décadas lidiando.
En el mediano plazo, con miras a reducir la apatridia de manera sostenible planteamos las siguientes medidas como prioridades:
- Exigir una aplicación más robusta de la Ley 169-14 para sus beneficiarios.
- Ponderar una norma legislativa complementaria en materia de nacionalidad que permita encontrar una solución para las personas nunca registradas (Grupo B)
- Aprobar una legislación contra la discriminación que incluya el tema etno-racial
- Acatar cabalmente las sentencias de la Corte IDH, notablemente Yean y Bosico v. República Dominicana (2005) y Expulsados Dominicanos y Haitianos v. República Dominicana v. República Dominicana (2014).
Sobre Dominican@s por Derecho
Es una plataforma que reivindica los derechos de los dominicanos y dominicanas de ascendencia extranjera afectados por la Sentencia 168-13 dictada por el Tribunal Constitucional (TC) de la República Dominicana.
DxD está integrada por organizaciones de la sociedad civil con una larga trayectoria de servicio en la República Dominicana, pioneras en áreas como defensoría de derechos humanos, educación, salud, género, desarrollo sostenible, economía solidaria e investigación y litigio estratégico. Su estructura y liderazgo suman más de 40 años de acompañamiento a la población dominicana de ascendencia haitiana, en sus diversos procesos reivindicativos tanto por la inclusión social, el desarrollo comunitario y mejores condiciones laborales como por el acceso al registro civil en igualdad de condiciones y la lucha por el derecho a la nacionalidad.
Dominican@s x Derecho 