Desnacionalización

Sociedad civil demanda medidas garanticen los derechos de participación política a dominicanos de ascendencia haitiana de cara a próximos comicios electorales

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  • Washington, D.C., 8 de abril de 2016.-  Organizaciones que integran la Plataforma Dominicanos por Derecho  solicitaron  al Estado dominicano, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,   impulsar cambios institucionales que permitan separar la administración del   registro civil del sistema electoral en el país, como parte de un conjunto de medidas que garanticen  la  participación política efectiva  de todas y todos los ciudadanos dominicanos por igual.

En la audiencia temática “Derechos políticos de dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana”,  celebrada este viernes en el marco del 157 período de sesiones de la CIDH,   las partes dialogaron  sobre  el  ejercicio efectivo de la ciudadanía de dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana, cuyo acceso al registro civil y documentación de identidad ha sido sistemáticamente negado u obstruido por la Junta Central Electoral desde el año 2007.

Sociedad civil subrayó  el rol  determinante de la  JCE en la política de restringir  derechos a personas dominicanas de ascendencia haitiana,  lo que tiene un mayor  impacto  en tanto   este organismo es al mismo tiempo la  instancia estatal que administra el Registro Civil y organiza los comicios electorales  en República Dominicana.

“En el contexto de las elecciones de mayo próximo, las  autoridades competentes llamaron  a los ciudadanos/as a  renovar sus cédulas de identidad y electoral expedidas a partir del año 2004, la adopción de un nuevo formato anula en la práctica el anterior. Miles de dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana no pudieron acceder a su cédula debido a las trabas impuestas por la JCE, aunque hayan tenido en el pasado documentos expedidos por autoridades dominicanas y hayan ejercido su derecho al voto” aseguró la abogada Noemí Méndez,  parte del grupo de peticionarios.

26243445231_811b0b02c0_kAún con la implementación  de la ley 169-14, que ordena la revalidación de documentos a dominicanos/as hijos/as de personas migrantes en situación irregular,  estos ven limitado el ejercicio de su ciudadanía.  La  instauración de procedimientos distintos por parte de la JCE   para cursar las solicitudes de los mismos reduce sus posibilidades  de ejercer derecho al voto o de postularse a un cargo electivo.

De acuerdo al resultado  de la auditoría  realizada por la JCE a los libros del Registro Civil, publicado en junio de 2015,  son “55 mil” los dominicanos destinatarios de la ley 169-14,  de los cuales  apenas 10 mil habrían recibido sus documentos. Sin embargo,   las organizaciones  afirman haber constatado  que  un significativo número de víctimas de  retención o inhabilitación arbitraria de documentos, acompañadas en sus procesos de solicitud,  no figuran en los registros de la auditoría de la JCE.  La mayoría de los que se encuentran en la  referida lista, siguen a la espera de sus actas y cédulas.

Ana María Belique del Movimiento Reconoci.do, aseguró que la  arbitrariedad la JCE lesiona  también  el liderazgo político y representatividad a nivel local,   clave para lograr el desarrollo de comunidades agrícolas denominadas bateyes, enclaves urbanos marginados y empobrecidos.

“Limitar que dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana representen a sus comunidades de origen, reafirma la exclusión y segregación social de la que son víctimas. Es a nivel municipal que el  impacto electoral de los dominicanos de ascendencia haitiana cobra mayor relevancia.   En las elecciones pasadas el candidato ganador de la alcaldía  de Paraíso, provincia Barahona, superó por apenas 3 votos  a su opositor más cercano. Conforme a la lista de la JCE en esa localidad  fueron auditados y validados 389 dominicanos de ascendencia haitiana.  Aunque se ha de suponer que no todos son mayores edad, si los  ciudadanos/as hubieran ejercido su derecho al voto, el escenario pudo haberse planteado de una forma diferente”.

Cristiana Luis del Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas (MUDHA) tuvo a su cargo  las recomendaciones de las organizaciones defensores de  derechos humanos y de víctimas de la política de desnacionalización , que incluyen  medidas afirmativas en favor de personas que le fue impedido acceder a sus documentos de identidad por primera vez o renovar sus documentos vencidos, entre las que se encuentran fomentar la participación política de jóvenes que en el pasado reciente se vieron afectado por la retención e incautación de sus documentos de identidad.

“Es responsabilidad  del Estado Dominicano, evitar que el estigma y la discriminación  impida a líderes y lideresas  comunitarios ejercer su derecho constitucional a la participación política, presentando candidaturas a cargos electivos en igualdad de condiciones, con los demás ciudadanos dominicanos”.

En representación de sociedad civil y las personas afectadas por la política de desnacionalización participaron en el dialogo el  Ana María Belique líder del  Movimiento Reconocido,  Noemi Mendez asesora el Centro Pedro Francisco Bonó, Cristiana Luis presidenta del Movimiento de Mujeres Dominico-Hatianas (MUDHA),  María Martinez y Manuel Dandré, técnicos legales del Movimiento Socio Cultural para los Trabajadores Haitianos (MOSCTHA),  Genaro Rincón director de la organización Derechos Vigentes, Beneco Enecia y Berenice Anderson, director y técnico legal del Centro de Desarrollo Sostenible (CEDESO),  Roberto Antúan técnico legal del Centro Cultural Dominico-Haitiano (CCDH),   así como el Centro de Formación y Acción Social y Agraria (CEFASA) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDHD).

Haz click y descarga:

Sobre la CIDH

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano, más información: http://www.oas.org/es/cidh/mandato/que.asp 

A través de las audiencias temáticas los comisionados de la CIDH recaban información sobre la situación de derechos humanos en los países miembros de la OEA, en espacios de dialogo en los que participan representantes del estado involucrado, miembros de la sociedad civil y personas cuyos derechos han sido afectados. Las reuniones se realizan dos veces por año durante los períodos de sesiones de la entidad.

Desde 4 de abril la CIDH ha abordado casos de 20 países del continente en 50 audiencias públicas  en los temas inmigración, seguridad, crisis penitenciaria, alimentación, desapariciones y libertad de expresión, entre los que se encuentra el caso  de la activista Berta Cáceres, asesinada en Honduras  en febrero pasado y cuyos hijos solicitan CIDH se cree una comisión para indagar su muerte dentro de las medidas cuatelares con las que fueron beneficiados el 7 de marzo;  La periodista  Jineth Bedoya , sobreviviente de tortura, secuestro y violencia sexual por parte de grupos paramilitares en Colombia.

El pasado 9 de febrero la CIDH dio a conocer  el informe del 2015 sobre la Situación de los Derechos Humanos en la República Dominicana ,  resultado de la visita in loco realizada en 2013 y de la investigación realizada por los comisionados durante casi dos años.

Descarga aquí: Presentación oral ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos Audiencia Temática Derechos  Políticos de dominicanos y dominicanas  de ascendencia haitiana en República Dominicana.

CIFRAS

  • De acuerdo al resultado  de la auditoría  realizada por la JCE a los libros del Registro Civil, publicado en junio de 2015,  son 55 mil los dominicanos destinatarios de la ley 169-14. Se precisa que la lista de “55 mil”, es en realidad de 53,869.
  • De conformidad con  informaciones servidas por la propia JCE en diciembre pasado, apenas unas 10 mil personas de estas “55 mil” han obtenido algún documento.
  • Datos confusos.   Las organizaciones han demandado información fehaciente sobre el número real de destinatarios de la ley 169-14, listas segregadas por comunidades que permitan conocer avances en procesos de entrega.
  • El ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos y las ciudadanas dominicanas, está reglamentados en la Constitución 2010, y en la Ley Electoral No. 275-97.  Las personas con derechos de ciudadanía pueden ejercer su derecho al voto sin más requisitos que los que dictan la constitución y las leyes.
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