Desnacionalización

DXD en Audiencia Temática CIDH: Ley 169-14 no resuelve el problemas de dominican@s desnacionalizados

1 El conjunto de organizaciones que integran la plataforma Dominicanos por Derecho, en  Audiencia Temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,  reiteró  hoy su preocupación por la falta de soluciones efectivas que reviertan  la   política de negación de documentos y desnacionalización de dominicanos de ascendencia haitiana,  esto a pesar de la implementación de la ley 169-14 que lejos de ser una salida,  en algunos casos agrava la situación de la población afectada.

Los técnicos legales Jose Horacio Rodríguez de Centro Bonó, Jenny Morón   del Movimiento de Mujeres Dominico-Hatianas, María Martínez de Mosctha,  Natanael Santana de CEDAIL y Roberto Antúan de las Red Jaques Viau hablaron en representación del grupo de peticionarios de la sociedad civil,  grupo del que también formaron parte Mariela Luis presidenta de MUDHA, Rosa Iris Diendomi y Epifania Chals del Movimiento Reconoci.do.

Con el tema Avances y Desafíos de la Ley 169/14 en República Dominicana,  la audiencia,  celebrada  en el Salón Padilha Vidal de la Sede de Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, suponía un espacio de  dialogo entre los peticionarios y el Estado Dominicano, sin embargo, la escueta representación del gobierno dominicano (apenas una integrante),   para sorpresa de los comisionados  limitó su participación en el encuentro a la lectura de una ponencia sobre el  Plan de Regularización de Extranjeros.

Tracy Robinson, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,  luego de valorar la intevención de la representante del  Estado dominicano, ( la Ministra Consejera ante la OEA, Hellen Martínez), se refirió a la ausencia de autoridades de gobierno en la audiencia, indicado que por la apertura al dialogo mostrada desde la visita in loco que giró la CIDH al país a finales de 2013,  hubiera agradecido la participación de funcionarios  que tenían en la audiencia una importante oportunidad de responder preguntas.

El Estado se abstuvo de responder a las preguntas  y observaciones de los comisionados y peticionarios,  indicado su representante que las mismas serán respondidas a través de un escrito que enviarán las autoridades al 10731213_10153280896998942_30692133572260120_norganismo internacional.

En su intervención, el equipo de peticionarios explicó las vías de “solución” propuestas por el gobierno dominicano a los conflictos generados por la Sentencia 168-13, planteadas en la ley 169-14, que  divide a los afectados en dos grupos, A) dominicanos hijos de extranjeros en situación migratoria irregular inscritos en el registro civil y B) dominicanos hijos de extranjeros en situación migratoria irregular NO inscritos en el registro civil.  Acto seguido se  cuestionó que la salida se produzca de espaldas a la constitución dominicana y la normativa del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sin tomar en cuenta las medidas cautelares emitidas por la Comisión CIDH, ni el fuerte precedente establecido con la Sentencia Yean y Bossico, y más reciente la relativa al caso BTM Vs. República Dominicana.

José Horacio Rodríguez hizo un recuento de los hechos que, de acuerdo a las organizaciones, evidencian interés por parte de quienes detenta el control de la Junta Central Electoral de boicotear la aplicación del artículo 2 de la Ley 169-14.

Entre las trabas administrativas con las que la JCE  continúan violando derechos fundamentales de dominicanos de ascendencia Haitiana, citó  la negativa de devolver el acceso a los documentos de entidad de las personas beneficiarias de la ley, la transcripción de  actas de miles de dominicanos a libros distintos a los originales en las que fueron asentadas al momento del nacimiento, lo que asegura borra el registro histórico de la persona y constituye un acto de segregación.  Así mismo la falta de validez de las pocas actas y cédulas entregadas  que no le permiten a  dominicanos afectados realizar otros actos de la vida civil.  También  los interrogatorios que realizan los  inspectores de la JCE a unas 13 mil personas convocadas, en los que se les exige aportar pruebas documentales e incluso la presencia de los padres/madres, cuando la ley no ordena ningún procedimiento a cargo de los beneficiarios previamente inscritos en el registro civil.

14En tanto Jenny Morón, trató lo relativo a la implementación del proceso de registro y posterior naturalización, dirigido al segundo grupo de beneficiarios de la ley 169-14, del que dijo no surtió efectos significativos en aras de mejorar la situación que afecta a los dominicanos no registrados.

Morón detalló  las principales fallas del proceso: 1.- Las oficinas habilitadas por el del Ministerio de Interior y Policía  no cubren importantes regiones del territorio nacional. 2.- Muchas de estas oficinas operan enfrentando numerosas precariedades y deficiencias en el servicio. 3.- Se ha podido documentar que las oficinas de SPM, La Romana y El Seybo no reciben solicitudes de personas residentes en otras localidades. 4.-MIP exige administrativamente documentos de identidad de la madre/ padre a pesar de que la ley y el reglamento no lo establecen así. 6.-Se ha denunciado que en oficinas se exige que se presente en persona la madre aún cuando los solicitantes sean mayores de edad. 7.- Se han recibido múltiples denuncias de que en las Oficinas del MIP se remiten a personas que nacieron en el país a Plan Nacional de Regularización de Extranjeros. 8.- El MIP ha dado la orden que no se acepten niños y niñas que nacieron después de abril de 2007. 9.- Se han recibido numerosos testimonios de dificultades con el acceso al certificación de nacido vivo emitidas en los hospitales. 10. Para las declaraciones juradas se están exigiendo más testigos de los que manda la ley.

“A más de 5 meses de entrada en vigencia de la ley 169-14, es muy poco el impacto que dicha legislación ha podido generar para mejorar la situación de documentación y acceso al ejercicio de los derechos fundamentales de los dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana” afirmó la abogada María Martínez  quien tuvo a su cargo la lectura de las conclusiones de los peticionarios.

El abogado Natanael Santana respondió a la intervención del Estado: “Exigimos que se le retorne el derecho a la nacionalidad a los dominicanos-as de ascendencia haitiana”, se quejó de la insistencia gubernamental ante la falta de argumentos sólidos de  querer situar problemática de la desnacionalización de dominicanos/a en el ámbito migratorio.

Finalmente,  Roberto Antúan de CCDH manifestó la decepción generada por la falta de respuesta del Estado dominicano.

Observaciones de los comisionados 

  • Felipe González:  Estados no pueden decidir incumplir fallo obligatorio, de ser así no tendría sentido derecho internacional. destaca función insustituible de monitoreo de organismos de #DDHH
  • Rosa María Martinez relatora para Rep. Dominicana le recordó a la representación criolla que el propio ordenamiento jurídico dominicano se rige por tratados internacionales.
  • Carlo Botero: Qué fundamentos tuvo el Estado para ofrecer vías de solución distintas a los afectados.
  • Tracy Robinson: Hubieramos agradecido la presencia de las autoridades dominicanas.

IACHR: Legal Restrictions to Freedom of Association in the Americas 13 Sin título

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