Desnacionalización

Anthony Stevens-Acevedo: Por una extensión del plazo dado en la ley 169-14

Por Anthony Stevens-Acevedo│ Historiador de origen dominicano  radicado en la ciudad de New York

Por una extensión indefinida del plazo dado  en la ley 169-14 para que los dominicanos descendientes de inmigrantes presenten la documentación requerida para su “regularización”

Según todas las indicaciones se acerca el vencimiento del plazo concedido inicialmente por la ley 169-14 para el procesamiento de solicitudes de “regularización” del estatus de ciudadanía o naturalización que esta ley estableció como respuesta-salida a la infame sentencia TC 168-13 de desnaturalización y desciudadanización de dominicanos descendientes de inmigrantes en República Dominicana.

Ante la tardanza que se ha estado denunciando en la apertura de las oficinas locales de la Ministerio de Interior y Policía destinadas a procesar la recepción de solicitudes a través de las distintas provincias de República Dominicana, y ante las enormes limitaciones de movilidad y de gestiones administrativas que impone la condición de pobreza y extrema pobreza de una gran parte de la población afectada por la desnacionalización para la obtención de los documentos que se les están exigiendo, se impone urgentemente la suspensión de las fechas límites establecidas originalmente y una extensión indefinida del plazo de entrega de documentación, de modo que estas decenas de miles de dominicanos puedan utilizar efectivamente y sin nuevas discriminaciones el mecanismo de regularización establecido por la ley.

Mantener un plazo administrativo que es a todas luces insuficiente sería otra manera de reproducir la misma discriminación que se ha estado denunciando nacional e internacionalmente desde la emisión de la sentencia TC 168-13. Sencillamente es contra todo sentido común aplicar un plazo tan irreal que de hecho impide la obtención plena y razonable del objetivo para el que supuestamente se emitió la ley: la integración cívica de una gran población judicial e institucionalmente discriminada. No es la necesidad humana colectiva la que tiene que adaptarse a la ley sino la ley la que se debe ajustar a las necesidades colectivas de nuestra sociedad, y en este caso la necesidad y el derecho humano de miles y miles de dominicanos marginados y desgraciados civilmente por el solo hecho de ser descendientes de trabajadores inmigrantes supuestamente indocumentados.

Esperemos que el Gobierno de Danilo Medina, cuarto Gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, tenga la sabiduría de no provocar un relanzamiento de la protesta ciudadana masiva y el desprestigio y condena internacional que provocó inicialmente con toda su vacilación, ambigüedad y ocasional reaccionarismo cívico en los largos meses siguientes a la iniciativa de desnacionalización y desciudadanización decretada por los jueces ultraderechistas y xenófobos del actual Tribunal Constitucional de la República Dominicana con su sentencia. Una reincidencia en este sentido de seguro recrudecería ese desprestigio, algo que no necesitan un partido y un gobierno que pretenda mantener un nivel mínimo de respeto, con todo lo que eso implica, de parte de la comunidad de naciones.

Este Gobierno del Partido de la Liberación Dominicana podría dar una señal de mínima coherencia y voluntad de incorporación a los valores democráticos y de derechos humanos que toda su dirigencia proclama en sus múltiples viajes internacionales a lo largo de cada año, adelantándose siquiera sea por una vez con un criterio de prudencia política y sensibilidad social a una nueva oleada de angustias para la población dominico haitiana a medida que se acerca la fecha límite inicialmente establecida sin que surjan o se ofrezcan en la práctica las condiciones para acogerse al recurso de regularización cívica que la ley 169-14 supone.

Ante un drama humano de las proporciones del generado por la sentencia TC 168-13, y ante la imagen de atraso político e ideológico dada ante la comunidad internacional por el PLD con su actuación desde la sentencia de septiembre del 2013, se supone que este partido fundado por Juan Bosch querrá seguir corrigiendo siquiera sea mínimamente esa imagen y no sembrar nuevas dudas sobre una derechización xenofóbica creciente de parte de sus dirigentes y militantes, en medio de un mundo que se esfuerza por avanzar cada vez más hacia un respeto creciente a los derechos de los ciudadanos del planeta.

Sería un grave error, de cinismo o de increíble falta de sentido común, que el Gobierno actual del PLD en República Dominicana pueda creer que manteniendo unos plazos de presentación de documentación irrazonables para las condiciones reales de vida de la población afectada, la comunidad internacional y organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por un lado, y los dominicanos preocupados por la implantación real de los derechos ciudadanos y democráticos en la nación dominicana, aceptarán la supuesta justificación de una exclusión cívica y discriminación masiva de la población dominico-haitiana por parte del Estado Dominicano bajo el argumento de que se les ofreció un plazo para “regularizar” su situación ciudadana y no correspondieron a la oferta. Los derechos humanos no pueden ser materia de oferta ocasional y sujeta a plazos por los Estados. Como elemento fundamental de la vida en legitimidad para las personas a comienzos del siglo XXI, tienen que ser atribuciones constantemente ofrecidas, garantizadas y protegidas por los Estados.

Mientras se acercan las fechas inicialmente fijadas por el Gobierno del Partido de la Liberación Dominicana para adecentar el gran espectáculo de ignominia cívica de la TC 168-13 que ha puesto al Estado Dominicano en la mirilla mundial de la crítica pro-democrática, parecería recomendable que quienes nos preocupamos por una vida nacional en dignidad colectiva nos mantengamos alertas para reiterar ante el Gobierno del PLD, por un lado, ante las diásporas dominicanas en Estados Unidos y en otros países, y ante los organismos internacionales, por otro, nuestro llamado militante a una aplicación honesta y razonablemente eficaz de una solución política real en República Dominicana al genocidio civil provocado por la sentencia TC 168-13.

Preparémonos para mantener nuestra reivindicación persistente y reiterada, todo el tiempo que haga falta, en solidaridad con los miles de dominicanos descendientes de extranjeros todavía hoy afectados por esa iniciativa históricamente retrógrada de la derecha política dominicana.

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