Desnacionalización

Dominican@s por Derecho: Continúan violaciones a derechos fundamentales de dominicanos desnacionalizados

JCE trata a los afectad@s por la sentencia 168-13 como ciudadanos de segunda categoría

Foto5625La Plataforma Dominican@s por Derecho lamentó hoy que continúen  las violaciones a los derechos humanos y civiles  de dominicanos desnacionalizados, a pesar de la implementación de la ley 169-14,  promulgada por el Ejecutivo en mayo pasado, como salida al conflicto generado por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional.

De acuerdo al colectivos de organizaciones, son negativas las señales enviadas desde las distintas instancias estatales involucradas en la fase de aplicación de la ley 169-14, que establece un régimen especial para personas nacidas en RD inscritas en el registro civil y sobre naturalización, lo que compromete el éxito del proceso e irrespeta el elevado nivel de consenso alcanzado.

 “Desconocer el mandato de la nueva norma legal o  reinterpretarla para lesionar aún más  la vida de dominicanos/as que llevan años luchando por la restitución plena de su derecho al nombre, la nacionalidad y el reconocimiento de la personalidad jurídica, coloca al país en un vergonzoso camino,  confiere un aval estatal al trato discriminatorio hacia  poblaciones vulnerables” dijo a los medios Rosa Iris Diendom, vocera del grupo, durante un encuentro en el Restaurant Vizcaya.

El gobierno dominicano promueve  a nivel nacional e internacional la  solución satisfactoria y definitiva a  la problemática del acceso a los documentos de identidad de  miles de dominicanos hijos de inmigrantes indocumentados, sin embargo, aseguran,  en la práctica esta población sigue afectada por  instancias que acatan la sentencia desnacionalizadora, actúan con negligencia y absoluta discrecionalidad

Como muestra hablan de la persistencia en las trabas administrativas que impone al primer grupo de beneficiarios de la ley  la Junta Central Electoral, que sigue negando documentos o dilatando su entrega, bajo el alegato de agotar trámites, sin establecer procedimientos claros.

Las organizaciones destacan que la  auditoría del  Registro Civil y transcripción de actas de nacimiento, que, alega el titular de la JCE, Roberto Rosario Márquez, es un paso previo  a la restitución de documentos, plantea una segregación en el registro civil y  crea ciudadanos/as de segunda categoría.

Dominican@s por Derecho se queja de que no exista  un protocolo de atención al usuario amparado en la ley 169-14, “las oficialías no tienen información oportuna y precisa para orientar a los beneficiarios, con la agravante de que estas demandas razonables de información son recibidas  con molestia”.

El gobierno dominicano debe ser garante de la correcta aplicación de la ley y el reglamento, enfrentando las diversas formas de exclusión,  incertidumbre jurídica y el peligro de la apatrídia que amenaza la vida de  la población afectada, concluye el grupo de organizaciones y personas que reivindican los derechos de los dominicanos y dominicanas de ascendencia extranjera afectados por la Sentencia 168-13.

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