Desnacionalización/Lucha No Violenta/Posicionamiento político/Solidaridad Internacional

Se presenta denuncia contra campaña sistemática de desnacionalización ante la CIDH

RFK Center

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Washington, DC. 17 de abril de 2014. Kerry Kennedy anunció que el Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos (RFK Center) presentó una denuncia en representación de Juliana Deguis Pierre, Yanelis Segó Basil, Jenny Salita Emanier Previlma, y sus hijos e hijas menores de edad, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) impugnando las políticas sistemáticas de desnacionalización de la República Dominicana. El escrito complementa una petición inicial presentada en marzo de 2013 en representación de 62 personas, y detalle las violaciones múltiples de derechos humanos que se ejemplifiquen los casos de la señora Deguis, la señora Segó, y la señora Emanier desde que la sentencia del Tribunal Constitucional 168-13 privó a miles de dominicanos de su nacionalidad. Las organizaciones dominicanas de incidencia el Movimiento Socio-Cultural de los Trabajadores Haitianos (MOSCTHA), Derechos Vigentes y Red de Encuentro Dominico Haitiano Jacques Viau (REDH) se unieron al RFK Center en la presentación de la denuncia.

“El Tribunal Constitucional de la República Dominicana se ha sumado vergonzosamente a una campaña sistemática de discriminación contra los dominicanos de origen haitiano, e ignorando su obligación de proteger los derechos fundamentales, ha despojado a cientos de miles de dominicanos de su nacionalidad,” expresó Kerry Kennedy, Presidente del RFK Center. “La comunidad interamericana no puede ser testigo de esta escala masiva de violaciones de derechos humanos sin acción. El sistema interamericano de derechos humanos debe pronunciar sobre estos casos a lo antes posible para mandar un mensaje claro e inequívoco de que la República Dominicana debe poner fin a su campaña de desnacionalización xenófoba de una vez por todas.”

La sentencia del Tribunal Constitucional 168-13 contra la señora Deguis altere de manera retroactiva los criterios de nacionalidad para las personas nacidos de padres extranjeros entre el 1929 y el 2010, en violación al derecho internacional, incluyendo la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana. Como resultado, la señora Deguis y cientos de miles de dominicanos de ascendencia extranjera han sido privados arbitrariamente de su nacionalidad y dejados apátridas. Desde diciembre, menos de tres meses después de su polémica sentencia (168-13), el Tribunal Constitucional continuó ignorando el derecho internacional y emitió nuevas sentencias, sosteniendo la vergonzosa decisión inicial en siete casos adicionales.

“Proteger el derecho a la nacionalidad es imprescindible para asegurar el pleno goce  de muchos otros derechos humanos básicos,” sostuvo Kerry Kennedy. “Sin el acceso a documentos de nacionalidad o ciudadanía, los dominicanos de ascendencia haitiana tienen poco o ningún acceso al trabajo, la educación, los servicios de salud, y una amplia gama de otros derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.”

Además de violaciones del derecho a la nacionalidad y a la personalidad jurídica, la presentación describe cómo el gobierno dominicano ha violado la prohibición de la discriminación racial, el derecho a la protección judicial, el derecho a la libre circulación, el derecho a participar en los asuntos públicos, el derecho a la familia, así como una serie de derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, el derecho a la educación, y el derecho a la salud. El RFK Center y sus colaboradores a la petición solicitaron que la Comisión Interamericana tramite y agilice esta petición para proteger los derechos de los niños afectados, para promover cambios en las prácticas estatales y evitar la recepción de múltiples peticiones similares, y para hacer frente a la discriminación estructural grave en el país.

La CIDH otorgó el año pasado medidas cautelares solicitadas por el RFK Center y sus colaboradores dominicanos, a favor de 80 dominicanos de ascendencia haitiana, incluyendo la señora Deguis, la señora Segó, y la señora Emanier, para evitar su expulsión y para asegurar los documentos de identificación que les garantice el acceso a servicios sociales básicos. El gobierno aún no ha cumplido plenamente con estas medidas cautelares.

Fundado en 1968, el Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos (RFK Center) tiene como misión avanzar la visión de Robert F. Kennedy de un mundo más justo y pacífico. En asociación con defensores de derechos humanos del mundo entero, RFK Partners for Human Rights es la rama de litigio, promoción de derechos, y denuncia de violaciones del RFK Center.

Meaghan Baron Director de Comunicaciones, RFK Center
Oficina (917) 284-6352 | e-mail: 
baron@rfkcenter.org

 

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