Desnacionalización/Lucha No Violenta/Posicionamiento político/Solidaridad Internacional/TC

Declaración del Colectivo Migraciones para Las Américas sobre la Desnacionalización en República Dominicana

El Colectivo Migraciones para Las Américas se reunió en México el 25 y 26 de marzo de 2014

El Colectivo Migraciones para Las Américas se reunió en México el 25 y 26 de marzo de 2014

El Colectivo Migraciones para Las Américas, como espacio de articulación para la incidencia en política pública, conformado por más de 80 organizaciones y redes de Norteamérica, México, Centroamérica y el Caribe  nos reunimos en el III Encuentro Transnacional Colectivo PND-Migración los días 25 y 26 de marzo de 2014 en la Ciudad de México, México.

Luego de conocer detalles sobre la situación creada por la Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, damos a conocer  la siguiente declaración pública:

CONSIDERANDO QUE:

Las constituciones dominicanas que han estado vigentes desde 1929 hasta 2010 establecen que son dominicanas/os todas las personas nacidas en territorio dominicano a excepción de las/os hijas/os de madres y padres extranjeras/os en misiones diplomáticas o en condición de tránsito.

El 23 de septiembre del 2013, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana emitió la Sentencia 168-13, mediante la cual de manera retroactiva, despoja de la nacionalidad dominicana a todas las personas nacidas en el país desde 1929,  hijas e hijos de madres y padres extranjeras/os en situación migratoria irregular. Esta sentencia afecta directamente a decenas de miles de dominicanos/as descendientes de haitianas/os, dejándoles en condición de apatridia.  Además es una violación al estado de derecho y la seguridad jurídica, con lo cual afecta a toda la población y contraviene la obligación del Estado de proteger y garantizar los derechos  fundamentales, así como prevenir todas las formas de discriminación.

Este despojo de la nacionalidad es fuente de sufrimiento para  miles de dominicanas/os descendientes de haitianas/os, quienes no pueden ejercer derechos fundamentales, como son obtener documentos de identidad, estudiar, trabajar en el sector formal de la economía, transitar libremente al interior y fuera del país, cotizar en la seguridad social, contraer matrimonio civil, abrir cuentas bancarias, adquirir y documentar propiedades, entre otros.

Diferentes gobiernos y organismos internacionales han expresado su rechazo a la referida sentencia, indicando que la misma viola derechos humanos. Entre esos organismos se destacan El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), El Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA (CIDH), Amnistía Internacional.

El gobierno dominicano se ha comprometido con buscar una salida a la situación, respetando los derechos humanos de todas las personas. Sin embargo hasta la fecha no ha cumplido con su palabra y ha expresado su decisión de someter al Congreso Nacional una ley de naturalización especial, lo cual constituiría una vulneración del derecho a la nacionalidad, y por lo tanto entraría en contradicción con las normativas internacionales en  materia de derechos humanos, ratificados por el país.

DECLARAMOS:El Colectivo Migraciones para Las Américas expresa su preocupación y rechazo por esta grave violación a los derechos humanos que afecta a decenas de miles de dominicanas y dominicanos de ascendencia haitiana.

Reconocemos la soberanía de República Dominicana para establecer sus propias leyes y políticas sobre nacionalidad y migración, siempre y cuando las mismas no contradigan las normativas internacionales en materia de derechos humanos.

Expresamos nuestra solidaridad con el hermano pueblo dominicano y de manera particular con las personas afectadas por el proceso de desnacionalización y las/los defensores/as de derechos humanos. Reiteramos nuestro compromiso de acompañarles en su lucha por el respeto de los derechos humanos.

Hacemos un llamado a todos los Poderes del Estado Dominicano a cumplir con su obligación de proteger y garantizar los derechos humanos de todos sus ciudadanas/os. Por lo tanto, exhortamos buscar una salida institucional, conforme a las normativas del derecho internacional, que restaure plenamente  los derechos fundamentales de todas  las personas afectadas por la Sentencia 168/13  del Tribunal Constitucional.

Dado en la Ciudad de México, 26 de marzo del 2014.

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