Desnacionalización/Solidaridad nacional/TC

Décadas de vida “en tránsito”

Publicación en La Lupa Sin Trabas

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Escrito por: Panky Corcino. Publicado en La Lupa.

La ofensiva diplomática con la cual la gestión del presidente Medina persigue justificar ante el mundo las razones que llevaron a acatar la sentencia del Tribunal Constitucional que afecta a los descendientes de inmigrantes haitianos pone en aprietos a un país que, como República Dominicana, tiene una amplia diáspora en Estados Unidos y Europa que demanda un trato humano y oportunidades de desarrollo.

Al despojar de su nacionalidad dominicana a Juliana Deguis Pierre y con ella a los descendientes de inmigrantes haitianos, la sentencia número TC/0168/13, dictada por el Tribunal Constitucional, puso a República Dominicana en el aprieto de explicar ante la comunidad internacional cómo puede un inmigrante mantenerse “en tránsito” por casi cinco décadas.

Blanco Deguis, padre de Juliana, nació en Fond Parisien en 1955 y llegó siendo un adolescente, en 1970, contratado por el Estado dominicano para trabajar en el ingenio azucarero Río Haina, con la ficha número 24253. Lleva ya 43 años en el batey Los Jovillos, pero se encuentra “en tránsito”, según la sentencia de la Suprema Corte de Justicia emitida en 2005 y la más reciente del Constitucional.

La madre de Juliana, la señora Marie Pierre, oriunda de Hinche, llegó cinco años antes, en 1965, en compañía de su primer marido que recibió la ficha número 14828. Tenía solo 18 años de edad y ahora cuenta con 66, de los que lleva 48 “en tránsito”.

El plan de “regulación de extranjeros” que elaboraron el jurista Juan Miguel Castillo Pantaleón y otros abogados para la gestión de Leonel Fernández y que está pendiente de ponerse en marcha, incluye una muy mala noticia para Juliana, sus dos hermanos, sus cuatro hijos y todos los descendientes de inmigrantes que el Estado reconoce como indocumentados. El proyecto les deja como opción solicitar ser provistos de “una residencia temporal” que, de paso, les arrebata el derecho a la nacionalidad que tuvieron desde que fueron asentados por sus padres en los libros del Registro Civil.

Entre los ciudadanos “en tránsito” figura Joseph Michell, nacido el 8 de febrero de 1940 en Haití, y quien llegó al país siendo adolescente. Recuerda que cuando ajusticiaron a Rafael Leónidas Trujillo en mayo de 1961, cortaba caña en Batey Cuatro, Barahona. “Dejen de trabajar que acaban de matar a Papá”, avisó en el corte uno de los capataces. Ocho meses después lo trasladaron con otros braceros al batey Palmarejo, del ingenio Río Haina.

Ahora tiene diez hijos. La más pequeña, Modesta Mitchell Benjamin, cuenta con 25 años de edad y lleva siete tratando de que le den un duplicado de su acta de nacimiento para obtener una cédula y poder continuar sus estudios.

“Estudié en la escuela Fé y Alegría y terminé el bachillerato en la Minerva Mirabal Prepara, en Villa Linda. Hace siete años que fui y solicité la cédula, y luego tenía que volver, y fui, y me dijeron que no había plástico. Luego volví y volví, y me dijeron que tenía que ir a la principal (Oficialía del Centro de los Héroes), porque mi padre era de ascendencia haitiana. Yo he ido a la principal y me dicen que debo llevar las cédulas de mis padres, Joseph Michell y Filomena Benjamin. Ellos dos me declararon con carnés, incluso hoy en día mi papá está pensionado”.

El carné número 145585, expedido el 19 de febrero de 2013 por la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado certifica como beneficiario a Joseph Michell. Lleva más de medio siglo “en tránsito” en suelo dominicano, con la única intención de abandonar Palmarejo cuando tenga que irse al “Pays sans chapeau” (País sin sombrero), como llaman sus ancestros al lugar que habitan los muertos en “el más allá”.

Además de defender la sentencia del Tribunal Constitucional respecto al despojo de la nacionalidad de los inmigrantes haitianos nacidos aquí, la gestión de Medina tendrá que salir ante la comunidad internacional a explicar por qué considera “en tránsito” a personas como Blanco Deguis, Marie Pierre, Joseph Michell y Filomena Benajamin, migrantes que llegaron al suelo patrio hace varias décadas y, contrariamente a otros extranjeros, como los españoles, japoneses o judíos, se les cuestiona la nacionalidad a sus hijos.

República Dominicana tiene además el inconveniente de ser un país con una amplia comunidad migrante en el exterior, que sólo el año pasado reportó a la economía remesas por un monto de US$3,164.3 millones, según cifras del Banco Central. De modo que, cualquier trato inadecuado a los descendientes de haitianos puede tener otras repercusiones negativas para su propia diáspora.

Cuestionamientos en el mundo. La comunidad internacional reacciona al problema desde 2007, cuando la Junta Central Electoral (JCE), encabezada por Roberto Rosario, dictó la resolución que negaba la expedición de duplicados de actas de nacimiento a personas de ascendencia haitiana.

Las agencias de prensa internacionales e importantes medios informativos de España o el Reino Unido citan palabras como “desnacionalización” o “apatridia” para referirse al tema. BBC Mundo tituló en su portal, “R. Dominicana: la sentencia que abre la puerta a miles de apátridas”, y el conocido rapero haitiano-estadounidense Wyclef Jean cuestiona la sentencia con la interpretación de la bachata “Natacha Ki Moun n Ou Ye”, que se difunde en las redes sociales.

Dominicanos notables de la diáspora, como los escritores Junot Díaz, Julia Álvarez y Rita Indiana cuestionaron la decisión del tribunal.

“Limpieza étnica legal”, escribió Rita Indiana para referirse a la revisión retroactiva de los libros del Registro Civil, remontándose a 1929. “Queremos que construyan nuestras casas, iglesias y puentes, queremos que corten nuestra caña y que limpien nuestra mierda, pero sin formar parte de la sociedad civil, víctimas de una ilegalidad irreparable”, apuntó en referencia al Estado y a los empresarios que se apoyan en la migración haitiana.

Julia Álvarez acotó que la sentencia da pie a la creación de “una lista discriminatoria de personas que habían sido reconocidas por el Estado como dominicanas durante toda su vida y que ahora serán despojadas de su ciudadanía sobre la base de un supuesto registro irregular en el momento de su nacimiento”.

Junot Díaz también mostró indignación. “En todos mis años como inmigrante viviendo en la diáspora, luchando por los derechos de los inmigrantes no he visto un acto tan irresponsable, tan cruel y tan cínico. Y sobre todo, tan racista”, afirmó.

Desde que se difundió la sentencia, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) expresó una “profunda preocupación” por la decisión de los jueces que encabeza el jurista Milton Ray Guevara. El organismo internacional alertó que la decisión “podría convertir a un sinnúmero de personas de origen dominicano de ascendencia haitiana en apátridas; muchas de las cuales han vivido en la República Dominicana desde hace décadas”. Y añadió: “Debido a su efecto retroactivo, esta decisión podría afectar a decenas de miles de personas nacidas en la República Dominicana”.

“Es difícil imaginar el efecto devastador que tiene que le digan a alguien que ya no es un ciudadano del país donde nació y vivió toda su vida”, alertó Gonzalo Vargas Llosa, Jefe de Misión del ACNUR en Santo Domingo.

Ante la OEA. Por lo pronto los efectos constituyen un lastre para la imagen internacional del país. Al menos 15 naciones de la Comunidad Económica del Caribe (CARICOM) deploraron la sentencia que, desde el punto de vista de ese organismo, “deja sin nacionalidad a decenas de miles de personas, en violación a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.

La gestión de Medina tuvo que enviar una delegación de “alto nivel” al Consejo de la Organización de Estados Americanos (OEA) reunido en Washington. Los funcionarios, encabezados por el consultor jurídico, César Pina Toribio, promovieron la idea de que con la citada sentencia el país busca aprovechar “la oportunidad” de solucionar un viejo problema migratorio de ilegalidad.

El funcionario minimizó el alcance de la sentencia, al afirmar que entre 2008 y 2013, la JCE sometió 16,945 actas de nacimiento a la Dirección de Inspección para su evaluación y solo 1,088 (6%) fueron suspendidas provisionalmente por razones de duplicidad, suplantación y otras incongruencias. “Durante los años del 2007-2013, la JCE canceló 42,015 cédulas de identidad, de las cuales tan solo 410 (1%) fueron suprimidas debido a falsos reclamos de nacionalidad”, apuntó.

Aseguró que el Estado dominicano destina 69.8 millones de dólares al año para atender en los hospitales a parturientas haitianas. “En algunos hospitales ubicados en la frontera, más del 50% de los nacimientos son de madres haitianas”, dijo, y agregó que “el gasto global dominicano para la población inmigrante ocupa cerca del 18% del presupuesto nacional de salud”.

Se quejó de que, pese a la solidaridad y respeto de República Dominicana, Haití reaccionó con “una respuesta hostil injustificable, que no muestra reciprocidad con la actitud conciliadora y de concertación del gobierno dominicano”. Sin embargo, el tema que preocupa a las organizaciones de Derechos Humanos no es la “regularización de extranjeros”, sino el despojo de la nacionalidad a personas que estaban asentadas en el Registro Civil y que, por tanto, ya tenían ese derecho.

De hecho, el representante de Haití ante la OEA, Duly Brutus, calificó de “verdaderamente alarmante” la posibilidad de que muchos ciudadanos quedaran sin nacionalidad y en condición de apátridas desde el 23 de septiembre de este año.

El vecino país cuenta con el apoyo de San Vicente y las Granadinas. Su representante, La Celia Prince, afirmó que “este tema, un tema doméstico, nos interesa porque impacta directamente las vidas de otros seres humanos, ciudadanos de nuestro hemisferio y, más específicamente, de nuestra diáspora”.

El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, prometió que una misión de ese organismo visitará República Dominicana para informarse in situ sobre el caso. “Nadie puede verse privado de su nacionalidad, y por lo tanto hay un problema de derechos humanos. Pero también tenemos un problema institucional”, adelantó.

Mientras la gestión de Medina desarrolla su ofensiva diplomática, la JCE y la Dirección General de Migración intentan difundir las ventajas que ven en el fallo del Constitucional. Ambos organismos apresuraron, antes de poner en marcha el denominado “Plan de regularización de extranjeros”, la entrega de un carné de residente temporal a Marie Etienne Desir, una mujer que nació en el país hace 37 años y que decidió, ante lo imperativo de la sentencia, asumir la supuesta culpa en la que incurrieron sus padres al declararla ante un oficial del Estado Civil.

Los integrantes del movimiento Dominicanos por Derechos preguntan al respecto: “¿Cómo entender que te quiten la nacionalidad que ya tienes para después darte un permiso de residencia como extranjero en tu propio país?”.

Insisten en que la sentencia, “lo que en realidad ordena es arrebatarle la nacionalidad y convertir en extranjeras a cuatro generaciones de personas ya registradas y reconocidas como dominicanas por las autoridades competentes”.

La JCE y Migración tratan, en una estrategia propagandística, de vender el caso de Etienne Desir como una bendición posible a partir de la sentencia. Sin embargo, existen preguntas pendientes: Si el Estado dominicano tuviera que expulsarla en estos momentos, ¿a qué patria la enviaría? Y si decide mandarla para Haití, un país que sólo tiene vínculos ancestrales con ella, ¿allí la recibirían?

El caso de Juliana Deguis terminará en la Corte de los Derechos Humanos

Genaro Rincón y Manuel de Jesús Dandre, abogados de Juliana Deguis Pierre, tratan de evitar que se ejecute la sentencia del Tribunal Constitucional atacando los elementos que “afectan profundamente” a su defendida y a otros dominicanos de ascendencia haitiana.

Los abogados sostienen que aunque la sentencia, si bien lo intenta, no desnacionaliza a Deguis Pierre, porque, según afirman, la Junta Central Electoral (JCE) ya está imposibilitada de desarrollar cualquier acción para anular su acta de nacimiento con una demanda por inscripción en falsedad. “Para el caso de Juliana Deguis, ninguna acción, ni la inscripción en falsedad ni la demanda en nulidad son procedentes, pues en el caso de que en verdad su acta fuera falsa, cosa que no lo es, ya venció el plazo para interponer cualquier acción judicial o atacar dicha acta de nacimiento; el plazo está prescripto según el artículo 2262 del Código Civil dominicano”.

“A nivel internacional, además, el caso de Juliana junto al de 47 personas y 32 niños, está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, aseguran.

Recuerdan que existe una medida cautelar a favor de todos los demandantes, dictada por la Comisión el 10 de junio pasado. “Como el Estado Dominicano no ha cumplido con las medidas cautelares, le estamos solicitando a la Comisión Interamericana que le solicite a la Corte Interamericana medidas provisionales a favor de los 48 dominicanos y sus 32 niños, en contra del Estado Dominicano, por incumplimiento con la implementación de las medidas cautelares”.

“Existe una Petición Querella o demanda en contra del estado Dominicano interpuesta en agosto 2012 por violación a normas de derecho internacional por el motivo de que le ha negado la entrega de los documentos de identidad, y, ahora, por desnacionalizar a dominicanos de ascendencia haitiana”, indican.

La petición se encuentra en la fase de estudio para la admisibilidad. “En enero entraremos en la elaboración de los alegatos que justifican el agotamiento de la admisibilidad de la petición, la inclusión de otros peticionarios, y la determinación de las violaciones en que ha incurrido el Estado Dominicano en contra de normas del derecho internacional (derecho humano)”, sostienen.

Junot Díaz siente miedo por la sentencia

En interés de conocer su opinión consultamos al reconocido escritor dominicano residente en Estados Unidos Junot Díaz, en su condición de migrante. El ganador del Pulitzer respondió lo siguiente:

En todos mis años como inmigrante viviendo en la diáspora, luchando por los derechos de los inmigrantes no he visto un acto tan irresponsable, tan cruel y tan cínico. Y sobre todo, tan racista. Hay mucha vaina que sucede en nuestro país que me da vergüenza. Feminicidios. Los políticos ladronazos. Un cardenal que es más Torquemada que santo. La violencia sexual contra adolescentes. Cómo idolatramos a los gringos y europeos. Pero esto está super-pasa’o.

En la escala de la inhumanidad el Tribunal Constitucional se ha superado a sí mismo. Ahora estamos en el abismo inhumano. Este es el preludio de las condiciones que hacen posible los genocidios. No sólo estoy asqueado y furioso; tengo miedo. No sólo por la comunidad haitiana y dominico-haitiana, sino por todos nosotros en la República Dominicana.

Las naciones se ponen a prueba regularmente, y si revertimos o no esta crueldad horrible, eso determinará en gran medida si somos una nación humana o algo mucho más terrible.

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