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Dominicanos/as de ascendencia haitiana lanzados a un limbo legal por la Corte

El artículo fue publicado por el NY Times

El artículo fue publicado por el NY Times

Por generaciones, los dominicanos de ascendencia haitiana, a menudo han sido vistos con recelo y disgusto, pero en gran medida son confiables para limpiar habitaciones, trabajar a bajo costo en la construcción, y proporcionar la agobiada mano de obra necesaria en vastas plantaciones de azúcar dominicanas.

Ahora, al intensificar un debate largo y furibundo sobre su lugar en esta sociedad, el Tribunal Constitucional de la nación ha declarado que los hijos de inmigrantes haitianos indocumentados -incluso los nacidos en suelo dominicano hace décadas- ya no tienen derecho a la ciudadanía, poniendo en duda el estado de decenas de miles de personas aquí que nunca han conocido otra identidad nacional.

“Soy dominicana”, dijo Ana María Belique, de 27 años, quien es nacida en República Dominicana y nunca ha vivido en otro sitio, pero no ha podido inscribirse en la universidad o renovar su pasaporte porque su partida de nacimiento no fue aceptada. “No conozco Haití. Ni tengo familia ni amigos allá. Esta es mi casa”.

La sentencia del Tribunal Constitucional dominicano ha resonado por todo el hemisferio, debido a que ordena a las autoridades auditar todos los registros de nacimiento de la nación, desde junio de 1929, y determinar quién ya no califica para la ciudadanía, lo que ha disparado la alarma internacional.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) advirtió que la decisión “puede privar a decenas de miles de personas de nacionalidad”, mientras que la alianza regional de las naciones del Caribe, a la que la República Dominicana ha tratado de unirse, condenó que cantidades de personas “sean arrojadas en un vacío constitucional, legal y administrativo”.

“Es notablemente arrasador en términos de números: más de 200,000 convertidos en apátridas, una cifra asombrosa”, dijo Laura Bingham, que rastrea los problemas de ciudadanía para la Open Society Justice Initiative. Ella y otros expertos legales la consideran una de las decisiones más radicales que niega la nacionalidad de los últimos años.

Argumenta que hasta cierto punto, la sentencia, emitida el 23 de septiembre, y la intensidad de las emociones que lo rodean hacen eco del debate sobre la inmigración en los Estados Unidos y otros países, con un amplio desacuerdo sobre la forma de tratar a los trabajadores migrantes y a sus hijos.

Dada la historia de la República Dominicana y Haití -a veces, una relación de cooperación, a menudo tensa, y en ocasiones violenta entre dos naciones que comparten una isla- la decisión del Tribunal Constitucional ha sacado a la superficie un conjunto único de tensiones raciales y resentimiento hacia las oleadas de inmigrantes haitianos pobres que hacen los trabajos menos valorados de este lado de la frontera.

Se estima que unas 200,000 personas nacidas en este país tienen padres haitianos, según el último censo, con mucho, el grupo más numeroso de inmigrantes aquí, y por lo tanto, el más ampliamente afectado por el fallo.

Inmigrantes haitianos ocupan los peldaños más bajos de la sociedad dominicana, y desde hace generaciones viven en sitios marginales urbanos o en campamentos miserables de plantaciones de azúcar donde el abuso con los salarios sigue siendo común, como reveló un informe del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos el mes pasado.

Durante décadas, los haitianos que se encuentran en barriadas pobres remotas, conocidas como bateyes, fueron traídos mediante los contratos de las plantaciones de azúcar para cortar caña bajo el sol abrasador. Muchos todavía trabajan en el campo, mientras que otros laboran como empleadas domésticas, trabajadores de la construcción y en otros trabajos de baja remuneración.

Muchos haitianos acogen con orgullo la rebelión de los esclavos que llevaron a la fundación de Haití como nación. Pero los dominicanos, a pesar de que corrieron en ayuda de Haití tras el devastador terremoto de 2010 y quienes mantienen muchos intercambios culturales y sociales, históricamente, han visto a sus vecinos con recelo, identificándose más con el pasado colonial español de su país y, a pesar de su propia herencia mestiza, a veces se burlan de alguna persona con la piel oscura llamándolo ‘haitiano’.

“La República Dominicana está en una encrucijada en este momento sobre la cuestión: ‘¿Qué significa ser dominicano en el siglo XXI?'”, dijo Edward Paulino, un historiador del John Jay College, quien ha estudiado la relación entre ambos países.

“Es un país de inmigrantes, pero ningún otro grupo es como los haitianos, que llegaron con un bagaje cultural de una historia de orgullo negro en un país que eligió identificarse con la élite europea”, agrega el intelectual.

Altos funcionarios del Gobierno dominicano se reunieron el miércoles 23 de octubre -a un mes de haber sido evacuada la sentencia- para determinar cómo llevarla a cabo. Dicha sentencia no puede ser apelada. Mientras tanto, el director de Migración, José R. Taveras, dijo que a los que están en el limbo se les emitirían permisos de residencia temporales, mientras el país piensa en un plan para otorgarles algún tipo de condición de inmigrante.

Sin embargo, para muchas personas eso significa perder los beneficios de la ciudadanía, que más allá de lo básico, como la votación, también permite la matrícula en las universidades estatales y el seguro de salud pública para los ciudadanos de bajos ingresos.

Aunque técnicamente Haití otorga la ciudadanía a los hijos de sus nacionales, el proceso puede estar lleno de enredos burocráticos, y frenado por ausencia de registros, o porque están incompletos, por no mencionar el hecho de que algunos de los hijos de los inmigrantes aquí no se consideran otra cosa sino dominicanos.

La batalla ha estado gestándose por años. A las personas nacidas en territorio dominicano, con algunas excepciones, por lo general se les concedió la ciudadanía durante generaciones. Pero las personas de ascendencia haitiana a menudo se quejaron de prácticas discriminatorias al obtener documentos oficiales, y en las últimas décadas, funcionarios del registro civil del país con frecuencia excluyeron a los hijos de inmigrantes cuyos documentos estaban cuestionados, considerando a sus padres en tránsito.

En 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos denunció esa práctica como una forma de discriminación contra las personas que habían estado en el país durante toda su vida. Sin embargo, la República Dominicana consagró la norma en 2010 mediante una enmienda constitucional que excluye a los niños de origen dominicano de los que están en el país ilegalmente, incluidos los trabajadores estacionales y temporales de nacionalidad dominicana.

La nueva decisión de la corte no sólo ratifica el cambio, sino que también va un paso más allá, al pedir a los funcionarios que auditen los registros de nacimiento de la nación, elaboren una lista de las personas que no puedan acogerse a la ciudadanía, y notifiquen a las embajadas en los casos en que la nacionalidad de una persona está en cuestión.

Expertos legales, así como dos jueces discrepantes sobre el Tribunal Constitucional, lo catalogaron de una violación de los principios jurídicos aplicar retroactivamente la norma de ciudadanía establecido en la Constitución de 2010.

“Como consecuencia de esta interpretación restrictiva y su aplicación retroactiva, esta sentencia declara al demandante como un extranjero en el país que lo vio nacer”, escribió uno de los jueces disidentes, Isabel Bonilla.

El caso surgió de Juliana Deguis, una mujer de 29 años de edad, nacida en República Dominicana de inmigrantes haitianos que trabaja como empleada doméstica. Ella buscó su documento nacional de identidad, con su acta de nacimiento dominicana, pero le fue rechazado porque en el documento se indicaba que sus padres eran inmigrantes haitianos, no residentes legales.

Los defensores legales de Juliana llevaron el caso al Tribunal, argumentando que sus padres  eran residentes porque habían sido contratados para trabajar en una plantación de azúcar y nunca regresaron a Haití, pero el tribunal dictaminó que estaban “en tránsito”.

Eso fue una sorpresa para la señora Deguis, su familia y sus vecinos, que han labrado una vida durante décadas en una remota aldea poblada por antiguos trabajadores de la caña de azúcar. La Sra. Deguis nunca ha estado en Haití; sólo sabe algunas palabras en creole, y nunca se pensó a sí misma sino como una dominicana.

“Me siento muy mal porque no puedo trabajar sin mi tarjeta de identificación, y sin eso la escuela no puede registrar a mis hijos tampoco”, dijo Juliana.

Los partidarios de la decisión, incluyendo al comisionado de Inmigración, dijeron que ayudarían al Gobierno a regularizar a la gente y aclarar las reglas de ciudadanía.

El arzobispo de Santo Domingo, Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, dijo que el fallo es justo y asintió con la cabeza al sentimiento entre algunos dominicanos de que las organizaciones internacionales se inmiscuyendo en sus asuntos.

“Las organizaciones internacionales no mandan aquí”, dijo a los periodistas después de que se anunciara el fallo. “No acepto que nadie venga aquí a decretar nada. Ningún país, ni los Estados Unidos, ni Francia, nadie. Aquí, nosotros estamos a cargo”.

Por ahora, los dominicanos atrapados en el fallo esperan los próximos pasos. La Sra. Deguis no está trabajando y se preocupa por el cuidado de sus cuatro hijos, todos nacidos también en la República Dominicana. “Si ahora hay esta confusión conmigo”, preguntó, “¿qué pasará con ellos?”

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